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Instituciones públicas encabezan morosidad ante Interapas; Tangamanga y La Pila los mayores deudores

Los 10 principales deudores de Interapas acumulan más de 227 mdp; el 61% corresponde a entes públicos y hay casos con hasta 15 años sin pago.

De acuerdo con una investigación de la periodista María Ruiz, del diario digital Astrolabio, la cartera vencida del organismo operador Interapas revela una crisis de recaudación concentrada en diez usuarios principales, quienes adeudan un total de 227.2 millones de pesos. El sector público es el mayor infractor, representando el 61% del pasivo total.

Dos instituciones estatales encabezan la lista de morosidad, acumulando saldos millonarios que superan los cinco años de antigüedad:

  • Parque Tangamanga (Centro Estatal de Cultura y Recreación): Registra el pasivo más alto con una deuda superior a los 45 millones de pesos.
  • CEPRERESO (Centro de Prevención y Readaptación Social): Ocupa el segundo lugar con un adeudo que sobrepasa los 43 millones de pesos.

En conjunto, solo estas dos entidades suman más de 88 millones de pesos en facturas no liquidadas. A esta lista se añaden la Clínica 50 del IMSS y el Instituto Potosino del Deporte (INPODE), cada uno con adeudos que rondan los 12 millones de pesos.

Disparidad en la naturaleza de la deuda

Mientras que el sector público concentra el mayor monto (138.6 millones de pesos), el sector industrial, que representa el 39% restante (88.6 millones), destaca por la longevidad de su morosidad, con casos que alcanzan los 15 años sin pago.

SectorAdeudo AproximadoAntigüedad Promedio
Público$138.6 MDP5 a 6 años
Industrial$88.6 MDP9 a 15 años

Limitadas acciones de cobro

A pesar de la magnitud de las cifras, Interapas ha optado por una estrategia de cobro pasiva frente a las instituciones públicas. El reporte indica que las gestiones se han limitado a:

  1. Llamadas telefónicas.
  2. Envío de estados de cuenta.
  3. Mesas de trabajo para invitación al pago.

En contraste con la transparencia de los entes gubernamentales, la identidad de las industrias morosas y el estatus de sus procesos legales se mantienen bajo reserva, argumentando la protección de datos patrimoniales.

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