El Gobierno del Estado reconoció que el decreto conocido como “Ley Gobernadora” presenta elementos que podrían vulnerar derechos político-electorales, particularmente en lo relacionado con la paridad y la alternancia de género en la elección de la gubernatura de San Luis Potosí. Así lo expuso el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, al explicar las razones del veto emitido por el Ejecutivo.
El funcionario detalló que el análisis jurídico identificó disposiciones que limitarían la libertad de los partidos políticos para definir sus candidaturas, al imponer un esquema de alternancia obligatoria de género desde el siguiente proceso electoral. Esta medida, dijo, podría afectar tanto la autonomía interna de los institutos políticos como el ejercicio pleno de derechos políticos.
Ante ello, la observación enviada al Congreso del Estado propone modificar la aplicación del principio de alternancia. La postura del Ejecutivo plantea que, en la elección de 2027, los partidos puedan postular libremente a una mujer o a un hombre, conforme a sus criterios internos y a su estrategia de competitividad electoral.
De acuerdo con la propuesta gubernamental, la alternancia obligatoria entraría en vigor hasta el proceso electoral de 2033. A partir de entonces, cada partido estaría sujeto al género de la candidatura que haya registrado previamente: si en 2027 postula a una mujer, en 2033 tendría que registrar a un hombre, y viceversa.
Torres Sánchez insistió en que el veto no busca frenar los avances en materia de paridad, sino ajustar el marco legal para evitar afectaciones a derechos fundamentales y garantizar que las reglas electorales sean constitucionales y equilibradas.
