El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, minimizó la sanción impuesta a la Contraloría General del Estado por parte del Juzgado Sexto de Distrito, tras negarse a entregar información relacionada con el caso del antro Rich.
El funcionario señaló que, en caso de que el estado esté obligado a proporcionar los expedientes solicitados por el Poder Judicial de la Federación, simplemente se hará. “Si se está obligado, se va a dar y listo”, declaró.
El lunes se dio a conocer que se multó a la Contraloría por no entregar documentos de investigación que forman parte de un juicio relacionado con el accidente ocurrido el 7 de junio de 2024 en el antro Rich, donde murieron varias personas. Torres Sánchez dijo no estar al tanto del tema, pero consideró que este tipo de resoluciones se pueden combatir y, en su caso, revocar.
Cabe recordar que en febrero de este año, el contralor Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz informó que, desde diciembre, se habían emitido resolutivos sancionadores contra tres funcionarios estatales involucrados en el caso: Mauricio Ordaz Flores, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil; José Concepción Gallardo Martínez, director de Gobernación; y Lucía Martha Ramírez Rodríguez, titular de la Coepris.
Pese a ello, la Contraloría no ha transparentado las sanciones impuestas, argumentando que deben quedar firmes en caso de impugnaciones legales por parte de los funcionarios señalados.
