Decenas de trabajadoras y trabajadores de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí han presentado demandas laborales ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), luego de descubrir que la institución no enteró al Servicio de Administración Tributaria (SAT) el Impuesto Sobre la Renta (ISR) que sí les fue descontado puntualmente de sus nóminas durante todo el ejercicio fiscal.
La denuncia, según consta en documentos presentados ante el TECA, acusa directamente a la Fiscalía de omitir el pago de dicho impuesto al SAT, a pesar de haberlo retenido de manera quincenal y mensual, lo que constituye una grave violación a las obligaciones patronales. La omisión salió a la luz cuando varios trabajadores fueron requeridos directamente por el SAT para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, que en teoría debían haber sido saldadas por su empleador.
Sin embargo, el proceso judicial enfrenta trabas. Fuentes internas de la Fiscalía aseguran que la vicefiscal Xitlalic Sánchez Servín ha intervenido a través de su esposo, el secretario general de Gobierno, para frenar los juicios laborales, solicitando a funcionarios del poder judicial que detengan el avance de las demandas. La maniobra, según los denunciantes, busca proteger la imagen institucional y evitar una posible escalada del conflicto que podría alcanzar repercusiones federales.
Y es que el fondo del problema no se limita a un error administrativo. Según información recabada por este medio, el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona habría estado cometiendo un millonario fraude fiscal al utilizar recursos federales para pagar el ISR correspondiente a las nóminas del personal estatal y de organismos descentralizados, presentando dichos pagos como si se hubieran hecho con recursos estatales.
La operación —según fuentes con conocimiento del caso— implica un ajuste contable deliberado en las pólizas financieras para maquillar el origen de los fondos y así justificar el uso de partidas que no corresponden. La Secretaria de Administración y Finanzas, Ariana García Vidal, está señalada como una de las operadoras clave de este esquema fraudulento.
Este mecanismo permitió al gobierno gallardista acceder de forma indebida a recursos del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fiscalización y Recaudación. Aunque el Instituto de Fiscalización Superior del Estado, actuando como cómplice, «no detectó» la anomalía, fue el propio SAT, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien dio la voz de alerta. De comprobarse la operación fraudulenta, las consecuencias serían catastróficas para el erario estatal: la federación valora cancelar el envío de partidas presupuestarias a San Luis Potosí, lo que pondría al gobierno local al borde de la quiebra técnica.
Mientras tanto, los trabajadores afectados enfrentan no solo la incertidumbre de su situación fiscal, sino también la indiferencia y posible encubrimiento de las autoridades que deberían proteger sus derechos laborales.
