Trabajadores del ISSSTE en la entidad acudieron a este medio para denunciar un ambiente laboral que califican de “insostenible”. Tras recibir sus testimonios, Central San Luis llevó a cabo una investigación interna que confirma un patrón reiterado de acoso laboral, abuso de autoridad y presiones de carácter político atribuidas a la funcionaria Marcelina Oviedo, quien realiza funciones administrativas y quien además es exoficial mayor del Congreso del Estado.
Los trabajadores consultados describen un escenario de hostigamiento que rebasa cualquier parámetro institucional. Empleados de distintas áreas relatan que Oviedo habría impuesto mecanismos de hostigamiento extremo: revisión arbitraria de teléfonos celulares, gritos, señalamientos directos de robo o negligencia sin sustento, y la presencia constante de hombres armados —presentados por ella como “policías ministeriales”— que la han escoltado en distintas ocasiones en recorridos por las oficinas.
El personal advierte que estos hechos ya se reportaron al área jurídica del ISSSTE sin que exista, hasta ahora, una respuesta institucional clara. “Estamos cansados, ya no se puede trabajar así”, señalaron trabajadores que pidieron mantener el anonimato ante el temor de represalias.
Nuestra investigación confirmó, además, que desde su llegada en 2022 la funcionaria habría intentado desplazar a personal operativo para abrir espacios a personas afines a su grupo político, vinculado al Partido Verde Ecologista de México. Los testimonios coinciden en un punto delicado: presiones directas para que empleados se afilien al PVEM, insinuando que su permanencia laboral depende de mostrar “lealtad” al proyecto político.
Las denuncias contra Oviedo datan de al menos tres años, pero trabajadores aseguran que el clima se ha endurecido en los últimos meses. Hablan de una escalada de intimidaciones y de un ambiente que describen como “tóxico, tenso y paralizante”, incompatible con el funcionamiento del ISSSTE y con la atención que la institución debe garantizar.
Ante la gravedad de los señalamientos, el personal exige la intervención inmediata de las autoridades federales del ISSSTE. Advierten que, de no atenderse, el clima interno seguirá deteriorándose y colocando en riesgo no solo los derechos laborales del personal, sino el servicio que reciben miles de derechohabientes en San Luis Potosí.
Recordemos que en 2019 destituyeron a Marcelina Oviedo de su puesto como Oficial Mayor del Congreso del Estado cuando se comprobó que incurrió en el delito de usurpación de funciones.
