La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) expresó su inconformidad con el convenio Federación-Estado que establece su presupuesto para 2026, al considerar que el incremento autorizado es insuficiente frente a la inflación que se registró el año pasado. El rector Alejandro Zermeño Guerra señaló que la institución ya realiza gestiones para lograr un aumento mayor que permita mantener su operación y evitar una mayor pérdida de poder adquisitivo.
El convenio lo recibió la universidad la noche del miércoles 14 de enero, sin que hasta ahora lo enviaran al Gobierno del Estado. De acuerdo con el rector, el documento lo detuvieron de manera conjunta diversas universidades del país debido a la detección de inconsistencias que consideran relevantes. Estas observaciones ya las reconoció la Secretaría de Educación Pública (SEP), que se encuentra realizando ajustes al contenido del acuerdo.
Zermeño Guerra explicó que no es viable remitir al Ejecutivo estatal un convenio que, desde la perspectiva de las universidades, presenta errores de fondo. Indicó que algunos de los criterios de incremento favorecen a ciertas instituciones, pero en otros casos impactan negativamente a las finanzas de los estados, lo que complica su aplicación real.
El rector subrayó la necesidad de mantener expectativas financieras realistas y evitar compromisos presupuestales que no puedan cubrirse. En ese sentido, precisó que el análisis del convenio continúa y que la próxima semana se llevará a cabo una reunión con autoridades federales, tras la cual se espera contar con una versión definitiva del acuerdo.
Para el ejercicio fiscal 2026, la Federación aprobó incrementos de 1.79 por ciento en aportaciones estatales y de 3 por ciento en las federales, cifras que se mantienen por debajo de la inflación estimada, calculada entre 3.5 y 4.8 por ciento. Esta situación, según ha advertido la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), implica una pérdida sostenida del poder adquisitivo y un déficit acumulado superior a los 50 mil millones de pesos desde 2018, sin considerar una política salarial integral para el sector.
