En 2025, alrededor del 20 por ciento de las solicitudes de información pública presentadas en San Luis Potosí derivaron en recursos de revisión ante la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), lo que implicó una segunda intervención para resolver inconformidades de los solicitantes.
De acuerdo con el informe anual que entregaron al Congreso del Estado de San Luis Potosí, durante el año se registraron 6 mil 763 solicitudes de acceso a la información, de las cuales impugnaron mil 229. Esto significa que una de cada cinco requirió la revisión del órgano garante, mientras que el 80 por ciento se atendió en primera instancia por los 254 sujetos obligados en la entidad.
La presentación del balance ocurre en un contexto de cambios institucionales, ya que la reforma en materia de transparencia establece un plazo de 120 días para la extinción de la Comisión y la transferencia de sus atribuciones al Poder Ejecutivo estatal. Ante este escenario, el comisionado presidente, José Gerardo Navarro Alviso, afirmó que el sistema continuará operando hasta el último día y que el proceso debe entenderse como una transición administrativa, no como el inicio de un nuevo esquema desde cero.
El informe también identifica áreas de incumplimiento. Aproximadamente 30 sujetos obligados presentan rezagos en las obligaciones mínimas de publicación de información, y en algunos casos los niveles de verificación son prácticamente nulos. Entre los entes señalados se encuentran partidos políticos, organismos públicos, operadores de agua y ayuntamientos.
Aunque la legislación contempla sanciones que van desde amonestaciones públicas hasta multas cercanas a los 150 mil pesos, la CEGAIP ha priorizado acciones de capacitación y acompañamiento institucional. Según lo expuesto, en diversos casos el incumplimiento obedece a desconocimiento de la normativa más que a una negativa deliberada de transparentar información.
