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Va Xavier Nava contra el Congreso del Estado por ilegal inhabilitación

La Suprema Corte de Justicia de la Nación revierte el juicio político contra Xavier Nava. El exalcalde de San Luis Potosí anuncia que demandará al Congreso estatal por usar la ley con fines de venganza.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el juicio político promovido contra el exalcalde Xavier Nava Palacios, una resolución que desarma lo que él califica como una «clara venganza política». Tras el fallo, Nava anunció que emprenderá acciones legales contra el Congreso del Estado.

El 25 de junio, el máximo tribunal del país invalidó el procedimiento impulsado en 2022, con el que la LXIII Legislatura sancionó a Nava y a miembros de su administración. La resolución establece que el juicio carecía de sustento legal y de pruebas, por lo que el Congreso deberá desechar el proceso por improcedente.

“Tomaron una decisión sin una sola prueba. Como lo señala la Corte, tienen que echar atrás todo ese procedimiento”, declaró Nava, quien adelantó que la demanda será presentada contra el Congreso como cuerpo colegiado. Además, durante el litigio se buscará individualizar responsabilidades.

La inhabilitación impuesta al exalcalde y otros integrantes del cabildo fue aprobada por mayoría legislativa, en un hecho sin precedentes. Según ha trascendido, el proceso fue impulsado por figuras como José Luis Fernández (Partido Verde), Rubén Guajardo (PAN) y Alejandro Leal Tovías, exdiputado del PRI y hoy también integrante del Verde.

El motivo del juicio político fue la construcción de un puente sobre una carretera con décadas de existencia. En contraste, Ricardo Gallardo Juárez —también exalcalde de la capital— no enfrentó sanción alguna pese a haber autorizado el pago por una obra inexistente: un puente en avenida Fray Diego de la Magdalena.

Ahora, la maniobra utilizada para sancionar a Nava podría volverse en contra de quienes la promovieron. El fallo de la Corte abre la puerta a que se investigue el uso faccioso de herramientas jurídicas por parte del Legislativo local.

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