Los legisladores Juan Carlos Valladares y Ruth González Silva del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), participaron en las primeras rondas de la discusión de la Ley de Aguas en sus respectivas Cámaras, subieron las respectivas fotografías a sus redes sociales para presumir su compromiso con la responsabilidad que les fue dada en las urnas, pero al llegar el momento crucial —la votación en lo particular, donde realmente se define el contenido final de la ley— ambos desaparecieron del tablero electrónico.
No se trata de una abstención, que al menos asume un posicionamiento político, sino de una ausencia que deja un vacío: el de la representación. No sabemos si se cansaron de tanto posar para la foto o simplemente otros compromisos les hicieron eludir el que tienen con la ciudadanía.
En términos de análisis político, suele interpretarse como una manera elegante de no asumir costos. Y en un tema tan delicado como el agua, cuesta trabajo aceptar que simplemente “no estuvieron”.
La aprobación de la nueva Ley de Aguas volvió a exhibir uno de los mayores vicios del Congreso mexicano: la simulación del debate. Las sesiones en ambas cámaras fueron descritas como “maratónicas”, pero más que un ejercicio de análisis profundo, lo que vimos fue una carrera legislativa para sacar adelante un dictamen cuya trascendencia ameritaba algo más que resistencia física.
En la Cámara de Diputados, la discusión se extendió durante 24 horas y 17 minutos. En el Senado, el trámite fue aún más expedito: 7 horas y 22 minutos bastaron para sellar la aprobación.
El resto de los representantes de San Luis Potosí siguió la lógica previsible de sus bloques: PVEM y Morena respaldaron el dictamen; los legisladores del PAN votaron en contra.
