El reciente hallazgo de un cuerpo sin vida colgado en un puente de la carretera 57 encendió nuevamente las alarmas sobre la situación de seguridad en San Luis Potosí. Sin embargo, la respuesta oficial no sólo pareció evitar asumir responsabilidades, sino que se alineó con la ya conocida estrategia de minimizar el problema y desviar la atención hacia factores externos.
En declaraciones ofrecidas este lunes, el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, sugirió que la víctima no habría sido asesinada en territorio potosino:
“Existe una alta posibilidad de que esa persona haya perdido la vida en el estado de Nuevo León y únicamente llegan y la colocan [en San Luis Potosí]”, afirmó el funcionario.
Torres Sánchez sustentó esta hipótesis destacando la presencia de elementos de seguridad en la región, como cuarteles de la Guardia Civil en Matehuala y Charcas, así como destacamentos del Ejército y patrullajes intensos. Según el secretario, estas medidas harían improbable que un crimen de esta naturaleza ocurriera localmente.
No obstante, su declaración deja entrever una lógica preocupante: asumir que la mera presencia de fuerzas de seguridad excluye la posibilidad de hechos violentos en el estado, a pesar de las recurrentes denuncias y hechos delictivos que contradicen tal visión.
El funcionario también indicó que se han desplegado operativos especiales en respuesta al hallazgo, con la participación de helicópteros y fuerzas de seguridad conjuntas.
Sin embargo, admitió que aún no se cuenta con datos de identificación de la víctima y que la investigación pericial recae en autoridades de Nuevo León — una mención que, más que informar, refuerza el intento de trasladar la responsabilidad fuera del ámbito estatal.
