En septiembre de 2024, el Congreso aprobó una reforma para elegir por voto popular a 464 magistrados de circuito, 386 jueces federales y 9 ministros de la Suprema Corte, buscando combatir la corrupción y aumentar la legitimidad del Poder Judicial, una propuesta impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador que aún requiere ratificación en al menos 17 congresos estatales. Sin embargo, la complejidad del proceso llevó al INE a solicitar un aplazamiento de tres meses por falta de recursos y tiempo ante múltiples amparos.
Gerardo Fernández Noroña, tras entregar las listas al INE hace dos meses, reconoció que “se nos fueron algunos casos” de aspirantes con historial de defender a narcotraficantes o de exonerar presuntos miembros del crimen organizado, y defendió que esos perfiles nunca debieron pasar el filtro constitucional de probidad. Aun así, aseguró que ahora corresponde al INE cancelar esas candidaturas, pese a que fue el propio Senado y el Comité de Evaluación del Poder Judicial quienes evaluaron originalmente las postulaciones.
Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, aclaró que la verificación de méritos y probidad de los candidatos no forma parte de las atribuciones del instituto electoral, cuya función se limita a validar requisitos formales y logística electoral.
Además, se han señalado perfiles particularmente preocupantes, como Silvia Delgado, exabogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán; Francisco Herrera Franco, exfiscal apodado “el fiscal del terror” por presuntos vínculos con el crimen organizado; y exjueces destituidos por abuso sexual, entre otros.
