En vísperas de la elección judicial del 1 de junio, los gobiernos de la Ciudad de México y Nuevo León, encabezados por Clara Brugada y Samuel García respectivamente, enfrentan críticas por presuntamente utilizar recursos públicos para distribuir «acordeones» que orientan el voto ciudadano. Estas guías, tanto impresas como digitales, han sido calificadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) como una práctica antidemocrática que pone en entredicho la equidad del proceso electoral.
Los «acordeones» son materiales que sugieren a los votantes por quién sufragar en los comicios para elegir jueces, magistrados y ministros. Su distribución masiva ha generado preocupación en el INE, que ha emitido medidas cautelares y ordenado el retiro de publicaciones en páginas web que promovían estos materiales. La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, comparó esta práctica con intentos de boicot electoral, afirmando la gravedad de la situación.
Aunque no se han identificado responsables concretos, las denuncias apuntan a vínculos con el partido gobernante Morena y al gobierno estatal de Nuevo León. El consejero del INE, Jaime Rivera, cuestionó el origen de los fondos para la producción y distribución de estos materiales, señalando la falta de transparencia en su financiamiento.
Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, impugnó los lineamientos del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) que prohíben a servidores públicos participar en actos proselitistas o utilizar recursos públicos para influir en el voto. Brugada argumentó que es responsabilidad del gobierno informar a la ciudadanía sobre el proceso electoral.
