La localización de 10 cuerpos en fosas clandestinas en la comunidad de El Verde, en Concordia, Sinaloa, confirmó el peor escenario para cinco de los trabajadores de la empresa minera Vizsla Silver que reportaron como desaparecidos a finales de enero. Las autoridades informaron que, del total de cadáveres encontrados en un mismo punto, cinco correspondían a integrantes del grupo privado de su libertad días antes.
El caso comenzó el 23 de enero, cuando un comando armado irrumpió en las instalaciones del proyecto minero y se llevó a 10 personas, entre ingenieros y personal de seguridad privada. Tres días después, la compañía de origen canadiense confirmó el secuestro y anunció la suspensión temporal de ciertas operaciones, además de activar protocolos internos de gestión de crisis.
Entre las víctimas identificadas se encuentran los ingenieros José Ángel Hernández Vélez (38 años), Francisco Antonio Esparza Yáñez (65), José Manuel Castañeda Hernández (35), Saúl Alberto Ochoa Pérez (35), Antonio de la O Valdez (30) e Ignacio Aurelio Salazar Flores (37), así como los trabajadores de seguridad José Antonio Jiménez Nevárez (32), Javier Emilio Valdez Valenzuela (40), Javier Guillermo Vargas Valle (40) y Miguel Tapia Rayón (40).
El 30 de enero, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que en la zona opera una célula de “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa. Días después, el 3 de febrero, se reportó la detención de cuatro personas presuntamente vinculadas con el caso, quienes habrían declarado que confundieron a los trabajadores con integrantes de un grupo criminal rival.
La violencia en Sinaloa se intensificó desde octubre de 2024 tras el secuestro y posterior entrega a autoridades estadounidenses de Ismael El Mayo Zambada, lo que detonó una confrontación interna entre facciones del mismo cártel. En ese contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó al Cártel de Sinaloa como organización terrorista extranjera, decisión que incrementó la presión bilateral en materia de seguridad.
En abril de 2025, Vizsla Silver ya había suspendido actividades durante un mes debido a las condiciones de inseguridad en la región. No obstante, el gobierno federal ha señalado que no existen reportes de extorsión directa contra la empresa.
El hallazgo de las fosas generó movilizaciones en distintas entidades del país. Más de 800 personas marcharon en Hermosillo, Sonora, mientras que en estados como San Luis Potosí, Guerrero, Sinaloa, Zacatecas, Chihuahua y Guanajuato también se realizaron protestas convocadas por asociaciones del sector minero. Trabajadores, estudiantes y familiares exigieron justicia y mayores garantías de seguridad para una industria que representa alrededor del 2.5% del Producto Interno Bruto nacional.
Las minas, al igual que otras actividades económicas estratégicas, se les ve como objetivos recurrentes del crimen organizado para extorsión o robo de materiales. La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que su administración sostendrá diálogo con empresas del sector para ofrecer respaldo ante la situación de violencia.
El proceso de identificación de los restos continúa, mientras autoridades federales mantienen operativos en la zona para ubicar a los responsables y esclarecer cómo se produjo la privación de la libertad de los trabajadores.
