El gobierno federal investiga el robo de 33 toneladas de oro y plata pertenecientes al Grupo Minero Bacis, ocurrido en una carretera federal de Jalisco. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gabinete de seguridad, coordinado por el secretario Omar García Harfuch, trabaja en atender el caso y dar seguimiento a los afectados.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria precisó que las autoridades ya están en contacto con la empresa para esclarecer los hechos. Sin embargo, hasta el momento la compañía minera no ha presentado denuncia formal ante la Fiscalía del Estado de Jalisco, lo que dificulta las indagatorias.
Este incidente vuelve a poner en evidencia los desafíos de seguridad que enfrenta la industria extractiva en México. La Cámara Minera de México (Camimex) ha advertido que la inseguridad ha elevado en 10 % el costo de sus operaciones, afectando su capacidad para expandirse o generar empleos mejor remunerados.
Las consecuencias económicas del delito son significativas. Las principales compañías mineras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores reportan utilidades operativas de 11 mil 214 millones de pesos al año. Sin embargo, se estima que las pérdidas derivadas de robos como este pueden alcanzar hasta mil 121 millones de pesos anuales, comprometiendo su competitividad.
El sector minero reitera su llamado a reforzar la seguridad en vías federales y en el transporte de minerales para contener el impacto financiero y proteger la continuidad de las operaciones. El gobierno federal, por su parte, asegura que la investigación está en curso y que el caso es prioridad para las autoridades de seguridad.
