A casi tres años de su creación, Litio para México (LitioMx) mantiene operaciones sin inversión productiva ni proyectos activos de exploración o explotación, mientras ha destinado más de 40 millones de pesos principalmente al pago de salarios, sin generar resultados tangibles en la industria del litio.
El organismo fue constituido durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en paralelo a una reforma constitucional que reservó al Estado mexicano el control exclusivo sobre la exploración, explotación y aprovechamiento de este mineral estratégico, limitando la participación privada. Sin embargo, desde su puesta en marcha, no se han registrado avances operativos.
De acuerdo con cifras oficiales, en los primeros años se asignaron 31.2 millones de pesos al organismo, sin que se concretaran proyectos. Para 2026, ya bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, se contempla un presupuesto de 13.9 millones de pesos, recursos que continúan enfocados en el pago de nómina.
El desglose del gasto evidencia esta tendencia. En 2023 se ejercieron poco más de 2.1 millones de pesos en salarios; en 2024, el gasto ascendió a 16.1 millones, de los cuales la mayor parte se destinó a sueldos; en 2025 se erogaron 12.9 millones, y para 2026 se proyecta un incremento cercano al 8%. En todos los casos, menos del 10% del presupuesto se ha dirigido a gastos operativos, sin asignaciones para proyectos productivos.
Especialistas advierten que el desarrollo de yacimientos de litio requiere inversiones superiores a 300 mil millones de pesos, por lo que los recursos ejercidos hasta ahora representan apenas una fracción mínima de lo necesario. A nivel internacional, países como Australia, Estados Unidos y Canadá han impulsado proyectos con esquemas de colaboración público-privada y financiamientos que van desde 150 hasta 350 millones de dólares para investigación, extracción y procesamiento.
En este contexto, en la Cámara de Diputados se prepara una iniciativa que busca modificar el marco legal vigente. El legislador Héctor Saúl Téllez Hernández impulsa una reforma al artículo 27 constitucional, junto con cambios a la Ley de Minería y la creación de una nueva Ley Federal del Litio.
La propuesta plantea mantener la propiedad del Estado sobre el mineral, pero incorporar esquemas de asociación con el sector privado, donde el gobierno conserve al menos el 51% de participación. Además, contempla financiamiento inicial privado, regalías progresivas y una participación estatal de al menos 60% en las utilidades.
Según el legislador, México cuenta con reservas estimadas en 1.7 millones de toneladas, principalmente en Sonora. No obstante, reconoció que LitioMx no ha producido litio a escala comercial desde su creación, lo que ha limitado el aprovechamiento económico del recurso.
El proyecto también incluye la creación de un Fondo Soberano del Litio para financiar infraestructura y procesos industriales, así como mecanismos de beneficio directo para comunidades locales. De concretarse, se estima que el país podría generar entre 3 mil y 8 mil millones de dólares anuales una vez que la producción alcance niveles industriales hacia el final de la década.
En medio de este panorama, el desempeño de LitioMx y la falta de resultados han reactivado el debate sobre la viabilidad del modelo actual y la necesidad de ajustes que permitan detonar el potencial del litio en México.
