El Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aplicó por primera vez el artículo 34 para elevar la situación de México a la Asamblea General, tras considerar las desapariciones en el país como un fenómeno “sistemático y generalizado”.
Según datos de Naciones Unidas, en México hay más de 127,000 personas no localizadas, se han detectado alrededor de 5,600 fosas clandestinas y se contabilizan 72,000 cuerpos sin identificar, cifras que subrayan la magnitud de la crisis forense y de derechos humanos.
Frente a estos señalamientos, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó categóricamente la existencia de desaparición forzada perpetrada por el Estado, al afirmar que este delito está vinculado “principalmente” con la delincuencia organizada y no con políticas públicas estatales.
Para manifestar su inconformidad, el gobierno mexicano presentó una nota diplomática a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, exigiendo que la ONU revise el contexto nacional y corrija lo que consideraron un desconocimiento sobre la realidad mexicana.
Organizaciones como Guerreros Buscadores de Jalisco han exigido que las sanciones contra funcionarios indolentes no se limiten a amonestaciones administrativas, sino que incluyan responsabilidades penales para quienes obstaculicen las labores de búsqueda y atención a víctimas.
El Comité de la ONU solicitará información detallada al Estado Mexicano en las próximas semanas, sin prejuzgar etapas posteriores del procedimiento, y podría elevar el caso con carácter de urgencia ante la Asamblea General si no recibe respuestas satisfactorias.
