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Morelos, rehén del crimen: camiones circulan sólo con permiso del narco

El pago de extorsión y la colocación de una calcomanía marcan la nueva normalidad del transporte.

La Federación Auténtica del Transporte (FAT) denunció que cerca del 70 % de las unidades en la Zona Metropolitana de Morelos pagan extorsión para poder operar, sin presentar denuncias por desconfianza en la Fiscalía General del Estado y miedo a represalias.
Autoridades estatales han identificado a las células de La Unión Tepito como responsables de entregar la calcomanía de un oso, a veces representado como panda con lentes, una vez que el chofer ha satisfecho la cuota de protección, recibiendo a cambio un amago de “seguridad” bajo el manto del crimen organizado.

Las calcomanías colocadas en el costado izquierdo de los camiones muestran un oso en actitud amenazante, portando armas largas.

  • Para los transportistas, dicha insignia implica “legitimidad” ante los grupos criminales.
  • Quienes rehúsan colocarlas son objetivo de atentados, independientemente de que lleven pasaje.

La extorsión ha derivado en al menos cinco ataques armados contra unidades de transporte público en la región oriente de Morelos durante los últimos días, según reportes locales. Choferes describen trabajar en “ambiente de miedo e incertidumbre”, sin percibir una estrategia clara de las autoridades para frenar el cobro ilegal. Usuarios del servicio afrontan cancelaciones y rutas suspendidas cuando las agresiones se intensifican, agravando la movilidad en municipios como Cuautla y Tlayacapan.

El Secretario de Seguridad de Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano, reconoció que el uso de calcomanías no era común en el estado y relacionó la práctica con los métodos coercitivos de La Unión Tepito en la Ciudad de México. Operativos interinstitucionales han retirado stickers de unidades y se han implementado supervisiones vehiculares en la zona oriente, pero sin resultados contundentes hasta ahora. A nivel federal, la Fiscalía General de la República abrió indagatorias contra funcionarios locales del PAN por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

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