Este jueves, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a las amenazas lanzadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien acusó a México de violar el Tratado Internacional de Aguas de 1944 y de deber 1.3 millones de acres‑pie, calificando la situación de “robo de agua” a los agricultores texanos y advirtiendo que impondría aranceles y sanciones hasta lograr el cumplimiento total.
En su cuenta de X, Sheinbaum indicó que su gobierno remitió al subsecretario del Departamento de Estado de EE.UU. una “propuesta integral” para atender el envío de agua, que contempla medidas de muy corto plazo y la liberación inmediata de un volumen adicional para mitigar el déficit antes del plazo de octubre. Además, instruyó la creación de una comisión intersecretarial que coordine con los departamentos de Agricultura y de Estado de EE.UU. y subrayó que, tras tres años de sequía, México ha cumplido “en la medida de la disponibilidad de agua”.
El Tratado Internacional de Aguas de 1944, suscrito por México y Estados Unidos bajo la supervisión de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), establece que México debe entregar un promedio mínimo anual de 350,000 acres‑pie de agua del río Bravo a EE.UU., mientras que Estados Unidos está obligado a enviar 1.5 millones de acres‑pie del río Colorado a México, todo ello en ciclos de cinco años.
En el ciclo vigente, que concluye en octubre de 2025, México ha transferido apenas poco más de 600 millones de metros cúbicos de los 2,185 millones comprometidos, equivalentes a un 28 % de la obligación total, lo que deja un adeudo de 1,520 millones de metros cúbicos al iniciar el siguiente periodo, aproximadamente 1.2 millones de acres‑pie.
El conflicto hídrico adquiere además una dimensión ambiental y comercial: autoridades mexicanas atribuyen el retraso en las transferencias a una sequía prolongada y al impacto del cambio climático en la cuenca del río Bravo, que ha reducido significativamente el caudal y los niveles de los embalses, mientras en Washington se advierte que el diferendo podría convertirse en una herramienta de presión en las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (USMCA).
