La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cuestionó la intención de fondo de la denominada “ley esposa”, al señalar que no está claro que este tipo de disposiciones realmente contribuyan a fortalecer la paridad de género y advirtió que podrían responder a intereses distintos al avance de los derechos políticos de las mujeres.
Durante una la conferencia mañanera de este juves, Sheinbaum recordó que el Instituto Nacional Electoral (INE) ya estableció un esquema obligatorio de paridad en las candidaturas a gubernaturas, el cual garantiza que, en procesos como el de 2027 —cuando se renovarán 17 gubernaturas—, al menos nueve candidaturas correspondan a mujeres y ocho a hombres. Subrayó que este mecanismo ha permitido un incremento sostenido de mujeres gobernadoras en el país.
La mandataria destacó que dicho modelo ha sido clave para abrir espacios de poder a las mujeres y para desmontar viejos prejuicios sobre su capacidad para gobernar, desde presidencias municipales hasta la Presidencia de la República. En ese contexto, consideró que la paridad ya está jurídicamente garantizada a través de las reglas electorales vigentes.
Sin embargo, al referirse a las reformas que pretenden imponer una alternancia obligatoria de género —“una vez mujer, una vez hombre”— en los estados, Sheinbaum fue enfática al señalar que su procedencia legal no es automática y que estas medidas tienen tanto ventajas como desventajas.
“No necesariamente es el género o la paridad lo que está en el fondo, sino otros temas”, advirtió.
La presidenta sostuvo que no tiene claridad sobre si estas iniciativas están realmente diseñadas para beneficiar a las mujeres y llamó a que los congresos estatales analicen con cuidado su alcance y legalidad. Incluso reveló que solicitó al ministro en retiro Arturo Zaldívar revisar si este tipo de disposiciones se ajustan al marco jurídico, particularmente tras su aprobación en San Luis Potosí y su posible réplica en otras entidades.
Sheinbaum dejó el tema abierto al debate, pero marcó una línea clara: la paridad ya es una obligación para los partidos políticos, por lo que cualquier reforma adicional debe justificarse plenamente y no prestarse a simulaciones.
