Una nueva iniciativa de ley ha encendido las alarmas entre expertos, legisladores y organismos internacionales. Se trata de la Ley de Telecomunicaciones, impulsada por Morena y avalada en comisiones del Senado sin debate público ni parlamento abierto. Esta legislación propone la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), con facultades para bloquear plataformas digitales y sancionar la difusión de propaganda extranjera. El problema no es menor: de aprobarse como está, afectaría la libertad de expresión, el acceso a la información, la economía digital y la separación de poderes en México.
El dictamen, de 226 páginas, se aprobó en fast track apenas 12 horas después de su publicación oficial. Se eliminó cualquier intento de parlamento abierto o consulta con especialistas. En esencia, esta ley disuelve al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y transfiere sus funciones a la ATDT, un nuevo órgano sin autonomía técnica, lo que concentra el poder en el Ejecutivo. Esto ocurre tras la difusión de un anuncio antimigrante en Estados Unidos, hecho que el gobierno mexicano utilizó como justificación para prohibir la propaganda extranjera en medios nacionales.
Uno de los puntos más preocupantes es el artículo 109, que faculta a la ATDT para bloquear redes sociales, servicios de mensajería y plataformas de streaming «por incumplimiento a normativas aplicables». Sin embargo, no se aclaran los criterios ni los mecanismos de revisión judicial. Este nivel de ambigüedad preocupa a expertos como Denisse Dresser, quien advierte que se trata de un golpe a la pluralidad informativa. El analista político Ricardo Anaya también ha acusado a Morena de buscar un control total sobre medios y plataformas digitales.
Además, la ley impone multas millonarias a medios que difundan contenidos políticos de gobiernos extranjeros. La vaguedad en la definición de «propaganda» deja la puerta abierta a la censura de contenidos legítimos y al castigo económico a medios críticos. El senador Manuel Añorve del PRI advirtió que ni gobiernos autoritarios como los de Venezuela o Nicaragua se han atrevido a implementar un control de este tipo sobre el ecosistema digital.
Para la ciudadanía mexicana, los efectos serían múltiples y preocupantes. Primero, se restringiría el acceso libre a información si la ATDT decide bloquear medios digitales sin justificación pública clara. Segundo, tanto periodistas como creadores de contenido podrían recurrir a la autocensura ante el temor de sanciones, lo cual empobrecería el debate público. Tercero, la incertidumbre regulatoria podría desincentivar la inversión extranjera y afectar a empresas tecnológicas que operan en México. Finalmente, la concentración de poder en el Ejecutivo debilitaría la confianza en las instituciones democráticas.
Frente a la presión social, la presidencia de la República anunció la revisión del artículo más polémico, aunque no ha garantizado que se elimine. Por ahora, el Senado ha pospuesto la votación y se abrirán mesas de diálogo. Sin embargo, legisladores oficialistas insisten en mantener el control estatal del espectro digital, lo que mantiene en vilo el futuro de las libertades digitales en el país.
Esta ley no solo busca regular las telecomunicaciones: redefine quién tiene derecho a hablar y qué podemos escuchar, ver y compartir en internet. Por eso, el debate no debe quedarse en el Senado, sino extenderse a toda la ciudadanía.
