En mayo de 2025, la administración de Donald Trump ordenó la revocación de visas de alto nivel a políticos mexicanos presuntamente vinculados al narcotráfico, basándose en informes de agencias de seguridad e inteligencia de EE. UU. desde 2019 y en la Sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).
El asesor adjunto de Seguridad Nacional, Anthony Salisbury, y el exasesor Stephen Miller supervisaron la compilación de esta lista, que incluye a gobernadores estatales, exministros y cercanos a la administración de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.
Entre los afectados se encuentra la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, tras confirmar en redes sociales la cancelación de su visa y la de su esposo, Carlos Torres. Además de la medida migratoria, la Casa Blanca, a través del Departamento del Tesoro, prepara sanciones financieras que podrían congelar activos y prohibir transacciones con EE. UU.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha exigido al gobierno de EE. UU. información oficial sobre los motivos de la medida y criticó la falta de transparencia en el proceso. Desde la oposición, legisladores de Morena y PRI calificaron la acción como una injerencia en la soberanía nacional y demandaron que México defienda a sus funcionarios.
