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Juzgado Federal ordena detener deforestación del Rio Santiago

El Juzgado Sexto de Distrito ordenó detener de inmediato la tala de árboles y el desmonte de vegetación que se realiza en la cuestionada obra de ampliación del bulevar Río Santiago hacia Palma de la Cruz, o en su defecto, garantizar el adecuado trasplante de los ejemplares afectados.

Según el más reciente auto del juicio de amparo 614/2025 —promovido por la organización ambientalista Cambio de Ruta— fechado el pasado 20 de junio, el tribunal confirmó los efectos de la suspensión provisional dictada en abril, evidenciando con ello las inconsistencias en los permisos y estudios ambientales del proyecto que impulsan las autoridades estatales.

El fallo establece claramente que si la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (Seduvop) carece de autorización municipal por parte de Soledad de Graciano Sánchez o de un dictamen técnico actualizado por la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), cualquier intervención que afecte la cobertura vegetal debe suspenderse de inmediato.

Cabe recordar que la Segam había emitido en 2024 el dictamen ECO.3.7129/2024, en el que avalaba la tala, sin embargo, este documento fue impugnado por Cambio de Ruta en la ampliación de la demanda presentada el propio 20 de junio, tras detectar deficiencias en la evaluación ambiental del proyecto.

Por otro lado, en caso de que Seduvop logre presentar las autorizaciones requeridas, el Juzgado estipula que los árboles deberán ser trasplantados a un sitio que determine la alcaldía soledense. Si el trasplante no fuese viable por los riesgos que implicaría para el entorno, las autoridades deberán llevar a cabo acciones de reforestación o preservar —en la medida de lo posible— las áreas forestales existentes.

A pesar de la resolución judicial, el gobierno estatal, la Seduvop y la Segam interpusieron un recurso de queja en un intento por revertir la suspensión, lo que prolonga la incertidumbre en torno al avance de una obra que ha generado amplio rechazo ciudadano por su impacto ambiental y la falta de transparencia en su desarrollo.

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