La desaparición del organismo deriva de una reforma constitucional que establece un plazo de 120 días para emitir las leyes reglamentarias correspondientes.
El Congreso aprobó la desaparición de la CEGAIP y transfirió sus funciones de transparencia al Ejecutivo y órganos internos, con 21 votos a favor y cinco en contra.
El estado continúa operando con una ley desactualizada, mientras a nivel federal se impulsa una reconfiguración integral del modelo de acceso a la información pública.
Solicitó un presupuesto de 28 millones de pesos para 2026, argumentando que el organismo debe seguir operando hasta que se emita la nueva Ley de Transparencia en SLP.