Señalaron que la designación es una imposición ajena y anunciaron que podrían recurrir a acciones legales o movilizaciones para frenar su llegada al Concejo.
Mientras aprueban incrementos presupuestales para sí mismos y otras instituciones públicas, mantienen en pausa proyectos relacionados con la movilidad segura.
Establecieron penas para quienes promuevan o realicen cualquier procedimiento, tratamiento o práctica que atente contra la libertad sexual y la identidad de las personas.