La cercanía del crimen con el C5 y la falta de resultados en la investigación aumentan dudas sobre la efectividad de la estrategia de seguridad en San Luis Potosí.
La denuncia, acusa directamente a la Fiscalía de omitir el pago de dicho impuesto al SAT, a pesar de haberlo retenido de manera quincenal y mensual, lo que constituye una grave violación a las obligaciones patronales.
Fiscalía confirma que elementos repelieron agresión armada; el caso involucra a un adolescente y genera cuestionamientos sobre seguridad y violencia juvenil en la capital.
Mientras las carpetas de investigación crecen y los delitos quedan en la sombra, Comunicación Social invierte tiempo y recursos en videos promocionales de la capital potosina.
La llegada de Garduza a la vocería de la Fiscalía no solo es un nombramiento desafortunado; es un atentado directo contra la transparencia, la libertad de prensa y la autonomía de las instituciones de justicia en San Luis Potosí.
