La llegada de Garduza a la vocería de la Fiscalía no solo es un nombramiento desafortunado; es un atentado directo contra la transparencia, la libertad de prensa y la autonomía de las instituciones de justicia en San Luis Potosí.
Rolando N, tiene un proceso abierto por un presunto delito de desvío de recursos públicos con la asignación de obras a través de una empresa de su propiedad.
Fue requerido por el delito de uso ilícito de recursos durante la administración de Francisco Cabeza de Vaca en Tamaulipas, gobierno del que formó parte.
