El Tribunal Electoral de San Luis Potosí admitió la primera impugnación contra la Ley Gobernadora, pese a que la reforma aún no entra en vigor por falta de publicación oficial.
La “Ley Gobernadora” avanza en cabildos con votaciones divididas y baja difusión pública; la reforma requiere el aval de 30 ayuntamientos para entrar en vigor.
Sostuvo que la actuación del organismo se limitó al ámbito técnico y legal, sin intervención en la forma ni en la rapidez con que el Congreso del Estado aprobó el dictamen.
Acusó que la “Ley Gobernadora” fue aprobada sin consultar a feministas y que utiliza la paridad para fines políticos, sin ampliar derechos reales de las mujeres.
Lo que está en juego no es solamente una reforma legal, sino la forma en que el poder se apropia de causas legítimas para convertirlas en herramientas de continuidad política.
