Organizaciones civiles señalaron que el Gobierno del Estado y el Congreso local han incumplido con su obligación de realizar consultas efectivas a personas con discapacidad, tal como lo exige la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y otros instrumentos internacionales.
Las asociaciones Cambio de Ruta A.C., Hermenéutica A.C. (Escuela de Sordos) y la Coalición Movilidad Segura SLP denunciaron que las consultas públicas se han reducido a ejercicios meramente formales, sin garantizar la participación directa de las comunidades involucradas.
El abogado y activista Luis Gonzalo Lozano, integrante de Cambio de Ruta, explicó que este tipo de prácticas contraviene la esencia del mandato internacional. Según dijo, “legislar para terceros sin conocer su condición ya no se puede tolerar en el 2025”. Aseguró además que la falta de una consulta auténtica invalida las normas que surgen de esos procesos.
Lozano expuso que en algunos municipios se recurre a actividades simbólicas —como reuniones rápidas o encuestas sin profundidad— para justificar el cumplimiento del requisito. “Convocan un día, toman café, llenan unas encuestas sin chiste y con eso dicen que hubo consulta. Eso no es participación, es simulación”, expresó.
Entre los casos recientes, mencionó el amparo ganado contra el Plan Municipal de Desarrollo de Villa de Pozos, donde no hubo consulta, y otros 12 a 14 promovidos a nivel nacional contra el Plan Nacional de Desarrollo por realizar solo un evento en Zacatecas.
De acuerdo con el abogado, un juez federal en Durango determinó que dicha estrategia era inválida, al considerar que no garantizaba una participación efectiva de las personas con discapacidad.
Pendientes en el Plan Estatal de Desarrollo y falta de acción gubernamental
Por otro lado, Catalina Torres Cuevas, directora de la Escuela de Sordos, señaló que el Plan Estatal de Desarrollo (PED) sigue sin cumplir las modificaciones ordenadas judicialmente desde diciembre de 2024. “Una de las obligaciones era crear un área en el Gobierno del Estado encargada de promover la Convención y coordinar la política pública en materia de discapacidad. Han pasado diez meses y no se ha hecho nada”, indicó.
Torres Cuevas sostuvo que las autoridades han adoptado una nueva forma de simulación: incorporar compromisos en documentos oficiales sin llevarlos a la práctica.
Janeth, estudiante y promovente del amparo, señaló que el cumplimiento “fue solo en teoría”. Añadió que las personas con discapacidad buscan oportunidades de desarrollo profesional y laboral, no solo apoyo asistencial. “Queremos estudiar, trabajar, vivir con autonomía, como cualquier persona”, señaló.
Piden procesos accesibles y descentralizados en todo el estado
Desde la Coalición Movilidad Segura SLP, Víctor Hernández exhortó al Congreso estatal a establecer mecanismos permanentes y descentralizados de consulta, además de garantizar recursos suficientes. “Las necesidades no se concentran en la capital; hay que ir a la Huasteca, a la Zona Media, al Altiplano. Se necesita un proceso de consulta que escuche a todas las regiones”, sostuvo.
Torres Cuevas consideró un error que el Congreso vea las consultas a personas con discapacidad e indígenas como un simple “pendiente”. En su opinión, deben asumirse como un mecanismo constante de participación. “No se trata de un evento costoso, sino de un proceso regular y planeado. Quieren consultar 17 iniciativas con 8 millones de pesos; eso es insostenible”, declaró.
Las organizaciones coincidieron en que el Estado debe dejar de destinar recursos a litigar resoluciones judiciales y, en cambio, construir políticas públicas incluyentes. “En lugar de pelear en tribunales, mejor pongámonos a trabajar y hacer la consulta”, concluyó Lozano.
