Un grupo de nueve relatores y expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que los documentos relacionados con Jeffrey Epstein podrían revelar delitos de tal gravedad que encuadrarían como crímenes de lesa humanidad, por lo que solicitaron una investigación independiente e imparcial.
Los especialistas analizaron los archivos difundidos el 30 de enero por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los cuales —según señalaron— apuntan a la posible existencia de una red criminal con alcance internacional. En un comunicado conjunto, indicaron que la información expuesta refleja un nivel alarmante de impunidad frente a hechos que habrían ocurrido durante un periodo prolongado.
Posibles delitos documentados
De acuerdo con los relatores, los expedientes incluyen referencias a presuntos actos de esclavitud sexual, violencia reproductiva, desaparición forzada, tortura, tratos crueles y degradantes, así como feminicidio. Añadieron que estos hechos se habrían producido en un contexto marcado por racismo, misoginia extrema, corrupción y la deshumanización sistemática de mujeres y niñas de distintas regiones del mundo.
Ante la magnitud de las acusaciones, los expertos instaron a tribunales nacionales e internacionales con jurisdicción competente a iniciar procesos judiciales contra los responsables. “Es imprescindible que los gobiernos actúen con determinación para que los perpetradores rindan cuentas. Nadie, sin importar su poder o riqueza, debe situarse por encima de la ley”, subrayaron.
Señalamientos sobre la divulgación de información
Además del contenido de los archivos, los firmantes cuestionaron la forma en que fueron difundidos, al considerar que se expuso información sensible que podría comprometer la seguridad y privacidad de las víctimas. Alertaron que la falta de protección adecuada incrementa el riesgo de represalias, estigmatización y revictimización.
Entre quienes respaldan el posicionamiento se encuentran la relatora especial sobre violencia contra mujeres y niñas, Reem Alsalem; la relatora sobre el derecho a la privacidad, Ana Brian Nougrères; y la relatora sobre libertad de reunión y asociación, Gina Romero.
