El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) activó el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas y fijó como plazo los últimos días de septiembre o principios de octubre para que el gobierno mexicano presente un plan de acción efectivo; de no hacerlo, enviará el caso a la Asamblea General de la ONU o a la Corte Penal Internacional.
México enfrenta más de 127,000 personas desaparecidas y un subregistro probable que agrava la magnitud de la crisis. Mientras la ONU documenta más de 5,600 fosas clandestinas y 72,000 cuerpos sin identificar, el Ejecutivo y la CNDH rechazan cualquier política sistemática de desaparición forzada.
Colectivos como Amnistía Internacional advierten que en 2024 desaparecieron en promedio 30 personas diarias, con un alto porcentaje de mujeres y niñas, lo que agrava el carácter humanitario de la emergencia.
La Secretaría de Gobernación calificó el diagnóstico de la ONU como “descontextualizado” y negó la existencia de desaparición forzada sistemática. Asimismo, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó: “En México no hay desaparición forzada desde el Estado, eso no existe”.
