Una mujer de 68 años, propietaria de un rancho ubicado en la localidad de Nuevo San Luis, en el municipio de San Ciro de Acosta, presentó denuncias formales ante la Fiscalía General del Estado por presuntos actos de abuso de autoridad y despojo cometidos por elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE), quienes habrían ingresado en dos ocasiones a su propiedad y sustraído animales y diversos bienes sin mostrar orden judicial.
De acuerdo con las carpetas de investigación, la afectada reportó la desaparición de 49 gallos de pelea, valuados en más de 150 mil pesos, además de un inversor de corriente con un costo aproximado de 50 mil pesos, así como herramientas, utensilios de campo y artículos diversos cuyo valor supera los 40 mil pesos, lo que representa una afectación económica considerable.
El primer hecho habría ocurrido el 14 de enero, cuando la mujer regresaba de realizar compras en el municipio de Rioverde. En el trayecto por la carretera a San Ciro de Acosta se encontró con un convoy de la GCE y, al observar el interior de las patrullas, reconoció jaulas con sus gallos, así como escaleras y una caja rotulada con el nombre de su rancho. Ante esta situación, decidió seguir a las unidades hasta el ejido Puente del Carmen.
Según su testimonio ante el Ministerio Público, al alcanzar a los elementos, estos descendieron de las patrullas y la confrontaron de manera agresiva. Al reclamar por sus pertenencias, los oficiales habrían asegurado que se trataba de un cateo, sin exhibir orden judicial alguna, y la amenazaron con detenerla por presunta obstrucción a la autoridad si continuaba cuestionándolos.
La denunciante señaló que un día después, el 15 de enero, los mismos elementos regresaron al rancho para llevarse los gallos restantes y otros objetos de valor, dejando la propiedad prácticamente vacía. Estos hechos, afirma, la llevaron a romper el silencio y acudir formalmente ante las autoridades.
Se espera que la Fiscalía General del Estado, en coordinación con instancias federales, dé seguimiento a las investigaciones para determinar responsabilidades y establecer si los hechos ocurrieron bajo alguna instrucción oficial o si se trató de actos individuales cometidos al margen de la ley.
