SOBRE EL TEMA: Fiscalía General del Estado

Diversas organizaciones civiles demandan a las autoridades de San Luis Potosí garantizar la libertad de expresión y el debido proceso tras la detención de comunicadores y la emisión de órdenes de aprehensión basadas en reformas al Código Penal.

La familia de Yesenia Puente, víctima de feminicidio en SLP, denuncia abandono de la CEEAV y riesgo ante posible amparo del acusado.

La ciudadana informó que se encontraba llevando a su hijo a la escuela cuando un hombre le arrebató su celular y huyó corriendo.

La medida implica reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía y a la legislación estatal en la materia.

Autoridades acordonaron la zona y realizaron peritajes para determinar las causas del fallecimiento.

El docente aseguró que no agredió físicamente a la joven y rechazó también señalamientos sobre el uso de un arma blanca.

La fiscal general, María Manuela García Cázares, explicó que no se ha recibido ningún señalamiento para exigir retribuciones económicas.

El objetivo principal de esta decisión es garantizar un entorno seguro y preservar la integridad del estudiantado.

El caso corresponde a la desaparición del empresario y actor político Pablo Ortega Venegas, conocido como “Pablo Carreta”, así como de Óscar Osbaldo Luna Silva.

Denunciaron a un profesor de la Facultad de Ciencias de la UASLP por acuchillar y golpear a una joven que fue su estudiante.

Entre los hallazgos destacan pagos por servicios cuya existencia no se acreditó, así como inconsistencias en la gestión de personal.

El anuncio ocurre mientras el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros mantiene una postura crítica frente a la actuación de las autoridades estatales y de la FGE.