La organización internacional ARTICLE 19 emitió un pronunciamiento contundente frente al bloqueo informativo ejercido por la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE), que desde el 7 de abril eliminó de forma repentina un canal oficial de comunicación con medios de prensa en la plataforma WhatsApp, afectando el acceso a información pública de al menos ocho medios y periodistas independientes.
De acuerdo con el informe de ARTICLE 19, tras desaparecer el grupo donde la Fiscalía compartía boletines, comunicados y convocatorias de prensa, se creó un nuevo espacio, al cual no todos los periodistas fueron reincorporados. Mientras algunos medios fueron añadidos automáticamente, otros han sido excluidos o condicionados a cumplir con una serie de requisitos restrictivos para poder acceder nuevamente a la información oficial.
Entre los requisitos impuestos se encuentra la entrega de una carta membretada con firma de un directivo del medio, copia de credenciales laborales, y evidencia de cobertura reciente sobre la Fiscalía, además de proporcionar datos de contacto institucionales. Estos requerimientos, advierte ARTICLE 19, no solo son desproporcionados, sino que vulneran el derecho de acceso a la información y establecen barreras discriminatorias, especialmente para la prensa independiente.
“La actividad periodística no puede condicionarse a la pertenencia a una estructura formal. La Suprema Corte ha sido clara al señalar que tanto periodistas afiliados a un medio como independientes tienen la misma legitimidad y protección en una sociedad democrática”, recordó la organización, señalando además que la exclusión selectiva podría tener motivaciones arbitrarias, ya que los periodistas afectados se caracterizan por realizar una cobertura crítica del gobierno estatal.
ARTICLE 19 también destacó que estas acciones coinciden con la reciente designación de Fernando Garduza como nuevo vocero de la FGE, quien anteriormente ocupó un cargo en el área de comunicación social del Gobierno estatal, lo que podría implicar una politización del flujo informativo.
Entre los periodistas y medios excluidos del nuevo canal de comunicación se encuentran figuras reconocidas del periodismo potosino como Ruth Salazar Oliva, Adriana del Socorro Ochoa, Carlos Rubio, Facundo Castillo, Enrique Hernández Padrón (“Kriptón”), Omar Niño (“ON Noticias”), Omar Gallegos Moreno (“Acceso Informativo”) y Jesús Ramírez, director de “Central San Luis”.
Este caso se inserta en un contexto preocupante a nivel nacional. El más reciente informe de ARTICLE 19, Barreras informativas: desafíos para la libertad de expresión y acceso a la información (2024), señala que San Luis Potosí ocupa el séptimo lugar nacional en agresiones a la prensa, con 27 casos documentados, mientras que el “bloqueo informativo” representa la tercera forma más frecuente de agresión en el país.
En consecuencia, ARTICLE 19 exigió a la Fiscalía de San Luis Potosí restablecer mecanismos de comunicación inclusivos, transparentes y sin restricciones excesivas, conforme a estándares nacionales e internacionales. “La transparencia no se negocia. La Fiscalía tiene la obligación de rendir cuentas a toda la ciudadanía, no solo a medios afines o complacientes”, sentenció la organización.
