Durante la sesión de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, legisladores solicitaron la intervención del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) para esclarecer el conflicto entre la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y la empresa Distribuidora VEM S.A. de C.V., luego de que trascendiera la posibilidad de un juicio político contra el rector Alejandro Zermeño Guerra.
El presidente de la comisión, Luis Fernando Gámez Macías, instruyó al secretario técnico a convocar una nueva sesión en la que se invite al titular del IFSE, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, con el fin de atender las observaciones planteadas por los diputados y proporcionar información precisa sobre el caso.
Gámez Macías explicó que medios de comunicación han dado a conocer que la empresa Distribuidora VEM pretende solicitar al Congreso un juicio político contra el rector, derivado del conflicto por el terreno donde se proyectaba el desarrollo “Distrito Santa Fe”. Ante ello, pidió que el órgano legislativo recabe documentación que permita conocer a fondo los hechos y mantener a los diputados informados.
El diputado Marco Gama Basarte, integrante de la comisión, pidió que toda la documentación entregada por el IFSE sea manejada con discreción, al señalar que podría estar sujeta a procesos legales. “Reiterar la importancia de que se manejen con el sigilo necesario, que no sea materia de discusión pública”, expresó.
El conflicto legal entre la universidad y Distribuidora VEM se originó luego de que la empresa modificara el proyecto inicial del “Centro Deportivo Santa Fe” para promover un desarrollo comercial distinto. Ante ello, la UASLP notificó el 10 de abril la rescisión del contrato. Al no concretarse la devolución del terreno ni el pago correspondiente, la universidad anunció el 15 de mayo el inicio de acciones legales, lo que derivó en un litigio que continúa abierto.
De acuerdo con la legislación local, pueden ser sujetos de juicio político el gobernador, los diputados, magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, integrantes de los Consejos de la Judicatura, miembros de organismos constitucionales autónomos y directores de organismos descentralizados. Sin embargo, una reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la UASLP no es un organismo constitucionalmente autónomo, sino un ente público con autonomía de gestión.
