A ocho años de la creación de la Unidad para la Atención de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General del Estado (FGE), familiares de víctimas denunciaron su presunto desmantelamiento tras la remoción de Luz María Montes Mariano, quien encabezó y dio origen a dicha área desde febrero de 2018. En protesta por esta decisión, el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros tomó las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos.
Las familias señalaron que la destitución se realizó sin explicación ni consulta previa, pese a que las decisiones impactan directamente en los procesos de búsqueda. Edith Pérez Rodríguez, directora del colectivo, afirmó que la falta de información y diálogo por parte de la FGE vulnera a las familias y debilita los avances logrados. “No se pueden tomar decisiones que afectan a las víctimas sin dar motivos ni escucharnos”, sostuvo.
El colectivo tuvo conocimiento del cambio el sábado 31 de enero, a través de terceros, ya que —aseguran— el nuevo titular, Gerardo Aguilar Ojeda, notificó únicamente a algunas personas. Las familias cuestionan que Aguilar Ojeda no esté acreditado como ministerio público, lo que, a su juicio, incumple con el perfil requerido para el cargo.
Ese mismo día buscaron diálogo con la vicefiscal jurídica, Xitlálic Sánchez Servín, sin obtener respuesta. Fue hasta la tarde del lunes 2 de febrero cuando personal de la FGE acudió al plantón. El fiscal especializado en Derechos Humanos, Doroteo Paredes Granados, y el visitador Gustavo Rodríguez sostuvieron un encuentro con las familias, quienes reclamaron omisiones, falta de transparencia y un trato intimidatorio.
De acuerdo con el colectivo, Luz María Montes Mariano fue removida de la titularidad y reasignada como ministerio público en el área de narcomenudeo, lo que calificaron como una degradación pese a su trabajo al frente de la Unidad. Las familias insistieron en que la decisión debilita una institución que ya operaba con carencias presupuestales y con personal sometido a jornadas extenuantes.
Voz y Dignidad por los Nuestros exigió conocer los motivos formales de la remoción para iniciar un diálogo institucional, así como que se considere la opinión de las familias en cualquier determinación relacionada con la búsqueda de personas. También demandaron el cese de decisiones improvisadas, el fortalecimiento de la Unidad y la restitución de Montes Mariano en la titularidad.
Además, denunciaron el incumplimiento de la FGE en la creación de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, una obligación establecida desde 2017 en la Ley General en Materia de Desaparición y en tratados internacionales, lo que —advirtieron— profundiza la crisis institucional en la atención a este delito.
