San Luis Potosí es una de las entidades más opacas según el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE) 2025 del INEGI al negarse a entregar datos que permitan su estudio.
El informe señala que el estado se negó a proporcionar datos relevantes sobre el personal ministerial, pericial y policial, lo que impide conocer la capacidad real de investigación con la que cuenta la institución encargada de perseguir delitos.
El informe señala de manera explícita que la Fiscalía potosina ocultó cifras relacionadas con fiscales, agentes del Ministerio Público y policías de investigación, algo que sí reportaron la mayoría de los estados.
Según el censo San Luis Potosí no entregó información sobre la unidad de inteligencia y análisis criminal, área fundamental para investigar y clasificar datos que permitan esclarecer delitos. Esta omisión coloca al estado en la misma categoría que Campeche y Tlaxcala, entidades que directamente no cuentan con estas áreas.
En cuanto a desempeño, San Luis Potosí registró más de 60 mil delitos en carpetas de investigación abiertas durante 2024, de los cuales casi 59 mil correspondieron al fuero común. Esto lo coloca entre los estados con mayor carga de trabajo para sus ministerios públicos, pero al mismo tiempo sin datos claros sobre cuántos agentes atienden estos casos.
La opacidad también alcanza a los mecanismos alternativos de solución de controversias (MASC), pues la Fiscalía potosina únicamente reportó la existencia de la oficina titular y se negó a entregar información sobre el resto de su personal.
Los datos duros confirman la gravedad: en 2024 se abrieron en el estado 58 mil 740 carpetas contra personas imputadas, con un rezago evidente en la conclusión de casos. Al cierre del año, gran parte permanecía pendiente, alimentando la percepción ciudadana de impunidad.
En el rubro de órdenes judiciales, San Luis Potosí reportó más de mil 300 mandatos girados durante el año, pero apenas un número similar fue cumplimentado, dejando otro tanto sin ejecutar.
En términos prácticos, esto significa que muchos presuntos responsables siguen libres, pese a existir órdenes de aprehensión en su contra.