La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que, hasta el momento, no existe ninguna denuncia formal presentada por el Gobierno del Estado en contra de la asociación civil Cambio de Ruta A.C. relacionada con las impugnaciones legales promovidas contra obras estatales.
La fiscal general, María Manuela García Cázares, explicó que no se ha recibido ningún señalamiento para exigir retribuciones económicas por los presuntos retrasos financieros derivados de suspensiones obtenidas mediante juicios de amparo. Precisó que, en caso de presentarse una denuncia, primero tendría que analizarse su contenido para determinar si hay elementos que justifiquen la intervención del Ministerio Público.
El posicionamiento de la FGE se da luego de que el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, planteara públicamente la posibilidad de generar responsabilidades contra la organización, postura que respaldó el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, quien afirmó que se buscaría “cobrar” a la asociación los costos asociados a los retrasos de obras públicas suspendidas por resoluciones judiciales.
Ante este escenario, el abogado y director general de Cambio de Ruta A.C., Luis González Lozano, informó que envió un escrito al gobernador del estado en el que aclara que la promoción de juicios de amparo es un derecho legal y un mecanismo previsto en el marco jurídico mexicano, por lo que no constituye una conducta ilícita.
El activista ambiental advirtió además que la estigmatización pública de personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente por parte de autoridades estatales contraviene el Acuerdo de Escazú, tratado internacional ratificado por México, el cual obliga a prevenir y evitar cualquier forma de intimidación, amenaza o criminalización contra quienes ejercen labores de defensa ambiental.
