Durante 2025, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí reconoció oficialmente seis casos de feminicidio, cifra que, de acuerdo con la fiscal general Manuela García Cázares, corresponde únicamente a los expedientes que concluyeron con esa tipificación tras el proceso de investigación.
La titular de la institución explicó que toda muerte violenta de una mujer se investiga inicialmente bajo el protocolo de presunción de feminicidio. No obstante, conforme avanzan las indagatorias, algunos casos los reclasifican jurídicamente con base en el móvil del delito y los elementos probatorios recabados. Señaló como ejemplo un homicidio reciente ocurrido en la colonia Satélite, donde asesinaron a una mujer tras un ataque armado contra el vehículo en el que viajaba, caso que no se acreditó como feminicidio.
García Cázares subrayó que el género de la víctima activa mecanismos especiales de investigación, pero aclaró que la tipificación final depende de que se comprueben los criterios legales establecidos para el delito de feminicidio.
Estas cifras oficiales contrastan con los registros y análisis de organizaciones civiles. Datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) indican que entre mayo de 2024 y mayo de 2025 se reportaron más de mil personas desaparecidas en San Luis Potosí. De acuerdo con un análisis de la organización Red Lupa, basado en información oficial actualizada al 16 de mayo de 2025, entre el 18 y el 22 por ciento de estos reportes corresponde a mujeres, lo que representaría decenas de casos femeninos en ese periodo.
Además, colectivos ciudadanos y medios de comunicación han documentado al menos 12 asesinatos violentos de mujeres en la entidad durante 2025. Sin embargo, denuncian que hasta julio solo dos de estos hechos se clasificaron formalmente como feminicidio, mientras que el resto permanece bajo investigaciones por homicidio u otros delitos, sin una reclasificación posterior.
Ante esta diferencia entre las cifras institucionales y los registros ciudadanos, organizaciones civiles han reiterado la exigencia de que las investigaciones incorporen de manera efectiva la perspectiva de género, al considerar que el desfase en los datos podría reflejar una subestimación de la violencia feminicida en el estado.
