El Poder Ejecutivo de San Luis Potosí nombró a Francisco Ramos Silva como su representante en el nuevo órgano de administración del Poder Judicial del Estado, una decisión que generó cuestionamientos debido a los antecedentes del ex juez federal.
Destituyeron a Ramos Silva en el 2016 por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), tras encontrarlo responsable de hostigamiento sexual contra una trabajadora y de prácticas administrativas irregulares. La sanción se confirmó en 2018 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quedando firme e inapelable.
De acuerdo con los registros judiciales, los hechos ocurrieron mientras estaba adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, en Toluca, Estado de México. Además del hostigamiento, otorgó un nombramiento a una persona que no cumplía con su asistencia regular al centro de trabajo.
Previo a su destitución, el ex juez ejerció en distintos órganos jurisdiccionales: Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México (2007-2010), Juzgado Quinto de Distrito (2010-2013) y Juzgado Segundo de Distrito en San Luis Potosí (2013-2016).
Tras su salida del Poder Judicial de la Federación, Ramos Silva se reincorporó al servicio público estatal. Según su declaración patrimonial de 2022, se desempeñaba como director de área en la Dirección de Investigación Administrativa y Evolución Patrimonial de la Contraloría General del Estado.
El abogado egresó de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde obtuvo su título en 1988, y cuenta con una maestría en Derecho Penal por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal (2011).
Su reciente designación lo ubica en un cargo de relevancia institucional, encargado de la gestión administrativa interna del Poder Judicial del Estado, lo que ha vuelto a poner bajo la mirada pública los antecedentes que lo separaron del ámbito federal.
