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Guajardo impulsa ley para que conflictos cotidianos se resuelvan sin llegar a procesos penales

Iniciativa de Ley de Justicia Cívica busca que conflictos cotidianos se resuelvan por conciliación municipal y no mediante procesos penales ante la Fiscalía.

El Congreso del Estado recibió una iniciativa de Ley de Justicia Cívica que plantea cambiar la forma en que se atienden conflictos cotidianos, con el objetivo de evitar que faltas administrativas y disputas menores terminen en procesos penales prolongados ante la Fiscalía General del Estado.

La propuesta, presentada por el diputado Rubén Guajardo Barrera, busca que situaciones como choques vehiculares, problemas entre vecinos o infracciones menores se resuelvan mediante conciliación y acuerdos reparatorios en el ámbito municipal, priorizando el diálogo sobre la sanción penal y reduciendo el desgaste para las personas involucradas.

El planteamiento modifica la ruta actual que, cuando alguna de las partes no asume su responsabilidad, deriva en investigaciones formales que pueden extenderse durante meses o incluso años, con impactos negativos en la convivencia comunitaria. Bajo el modelo de justicia cívica, estos casos se atenderían por la vía administrativa, con la posibilidad de imponer sanciones o multas solo cuando la conciliación no sea viable.

La iniciativa contempla la creación de jueces cívicos, una figura que actualmente no existe en la entidad y que dependería directamente de los ayuntamientos, no del Poder Judicial. Esto implicaría que los municipios asuman la responsabilidad de contar con la infraestructura necesaria, así como la capacitación y formación del personal encargado de aplicar este esquema.

Guajardo explicó que este modelo ya funciona en otras entidades del país, donde leyes estatales facultan a los gobiernos municipales para resolver faltas menores sin judicializarlas, lo que ha permitido agilizar la atención de conflictos y despresurizar a las fiscalías.

Aunque el legislador expresó confianza en que la iniciativa puede aprobarse durante el actual periodo ordinario, señaló que su entrada en vigor podría darse hasta 2027, una vez que los ayuntamientos evalúen su capacidad operativa. Además, en comisiones se analizará la posibilidad de someter el proyecto a consulta ciudadana antes de su implementación.

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