El colectivo de búsqueda Voz y Dignidad por los Nuestros reveló la existencia de un presunto sitio de exterminio en el municipio de Matehuala, donde se encontraron fragmentos óseos calcinados, ropa, sandalias, objetos personales e incluso una bata universitaria.
Sin embargo, este hallazgo también destacó la lenta respuesta de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, que demoró cinco meses en intervenir tras recibir la denuncia inicial.
De acuerdo con la agrupación, el sitio se detectó en febrero gracias al trabajo de madres buscadoras de Charcas y Moctezuma. Tras informar a la Fiscalía, las autoridades no realizaron ninguna diligencia inmediata, obligando a las familias a documentar y recolectar evidencias por su cuenta.
Durante más de cuatro meses, las buscadoras recuperaron restos óseos en avanzado estado de calcinación y varios artículos potencialmente útiles para la identificación de víctimas.
En redes sociales se difundieron imágenes con fragmentos esqueléticos desperdigados entre la maleza, prendas quemadas y objetos personales que —para las familias— prueban la existencia de prácticas sistemáticas de exterminio.
Las integrantes del colectivo acusaron directamente a la Fiscalía de omisiones reiteradas en casos similares y de una indiferencia institucional. «Desde febrero se dio a conocer este sitio y hasta ahora la Fiscalía —la que más nos ha quedado a deber— se dignó a ir por ellos», publicaron en sus redes, dejando en evidencia la desconfianza hacia las autoridades.
La situación encendió nuevamente el debate sobre la capacidad y voluntad del Estado para investigar con prontitud los sitios vinculados a la desaparición forzada y el crimen organizado. En San Luis Potosí —como en muchas regiones del país— el peso de la búsqueda recae sobre colectivos de familiares y el caso de Matehuala se suma a una larga lista de hallazgos tardíamente atendidos o incluso ignorados por las instituciones.
