La revisión de la cuenta pública 2024 de la Fiscalía General del Estado (FGE) dejó al descubierto posibles irregularidades administrativas y financieras que, en conjunto, podrían representar un daño al erario por más de 266 mil pesos, de acuerdo con el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE). Entre los hallazgos destacan pagos por servicios cuya existencia no se acreditó, así como inconsistencias en la gestión de personal.
Según el informe individual de resultados de la auditoría AEFPO-32-FGE-2024, una parte relevante de la observación corresponde al pago de renta de espectaculares y contratación de cursos sin que exista documentación que compruebe la recepción efectiva de dichos servicios. Estos gastos se registraron en distintas regiones del estado, como la zona centro, Huasteca, Altiplano y Media, lo que refuerza la magnitud territorial del señalamiento y abre dudas sobre los controles internos de la dependencia.
El IFSE detalló que solo por estos conceptos se identificó una afectación superior a los 154 mil pesos. A ello se suman pagos relacionados con sueldos y prestaciones que, de acuerdo con la auditoría, se realizaron después de la baja definitiva de trabajadores, situación que justificó la FGE con documentos emitidos de manera posterior, lo que no disipó la observación y lo consideraron como un posible perjuicio a la hacienda estatal.
El órgano fiscalizador también advirtió retrasos en la conclusión de relaciones laborales. Aún no le dan finiquito a al menos 13 trabajadores dados de baja, lo que podría traducirse en presiones presupuestales futuras o incluso en laudos desfavorables para la institución. En el mismo ejercicio fiscal se reportaron 118 bajas de personal de base y de confianza por diversas causas, pero en cinco casos se detectaron pagos posteriores a la fecha de baja por más de 92 mil pesos.
Otro punto que llamó la atención del IFSE fue la falta de documentación básica en expedientes de personal. Aunque no se identificaron vínculos de parentesco entre trabajadores y mandos directivos, en decenas de casos no se encontraron documentos esenciales como currículum, identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio, constancia fiscal o número de seguridad social, lo que refleja debilidades en los procesos administrativos.
