En una escena que retrata con crudeza el desprecio institucional por la justicia, la magistrada Silvia Torres Sánchez, integrante del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí y hermana del secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, fue exhibida en video mientras festejaba su cumpleaños dentro de la Tercera Sala en horario laboral.
La denuncia fue realizada en una transmisión en vivo por la abogada Natalia Castillo, quien acudió al tribunal para entregar un escrito relacionado con un amparo ganado a favor de una niña con espectro autista que lleva más de seis meses sin recibir pensión alimenticia, debido a un error judicial atribuido a la propia magistrada Torres.
El video, que circula ya en redes sociales, muestra pasillos vacíos, puertas cerradas y empleados distraídos mientras, detrás, se desarrolla una reunión con pastel y comida —“huele a garnacha”, describe la abogada— en honor a la magistrada. Castillo denuncia que fue bloqueada y contenida por personal judicial al intentar ingresar a entregar su escrito, mientras los funcionarios se encontraban celebrando el cumpleaños de Torres en lo que calificó como “un congal institucional en horario de oficina”.
“Una niña con autismo lleva medio año sin comer por un error de esta ignorante, y ellos festejándole su cumpleaños”, increpó Castillo durante la transmisión, en la que acusó directamente un funcionario de nombre Jairo de retener la resolución del amparo que ya fue ganado.
Silvia Torres Sánchez no es una funcionaria cualquiera. Su hermano, J. Guadalupe Torres Sánchez, es uno de los hombres más poderosos del gabinete estatal: secretario general de Gobierno y operador político del gobernador Ricardo Gallardo Cardona. La cercanía entre el poder judicial y el político vuelve aún más grave la denuncia. Para la abogada Castillo, lo que ocurre en la Tercera Sala “no es una anécdota, sino el reflejo de un sistema podrido donde los apellidos pesan más que las leyes”.
“Estoy rascándole los huevos al diablo, a la gallardía y a esta señora y a su hermano”, dijo, advirtiendo posibles represalias tras haber expuesto lo ocurrido.
La abogada relató que el caso de la menor autista fue mal manejado por la magistrada Torres, quien desechó indebidamente una apelación y obligó a acudir al amparo, el cual finalmente fue ganado. Sin embargo, la resolución sigue sin ejecutarse, prolongando la vulnerabilidad de la niña y de su madre.
“Tengo dos meses esperando que el magistrado Jairo resuelva, mientras esta señora festeja su cumpleaños”, acusó Castillo frente a los funcionarios del tribunal, quienes —según su versión— desmantelaron la fiesta en minutos una vez que la transmisión comenzó a viralizarse.
Hasta el momento, el Tribunal de Disciplina del Poder Judicial no ha emitido postura sobre la denuncia ni ha confirmado si se abrirá una investigación formal. Tampoco la magistrada Torres ha respondido públicamente.
Mientras tanto, el episodio alimenta la percepción ciudadana de que el sistema judicial potosino sigue al servicio de intereses políticos y personales, blindado por redes familiares de poder que garantizan impunidad.
La escena es simbólica: una niña con discapacidad esperando una pensión para comer, y una magistrada festejando en horario de trabajo bajo la protección de su hermano, figura clave del gobierno estatal. El contraste es brutal y, para muchos, la metáfora perfecta de un Poder Judicial desconectado, elitista y corrompido.
La abogada Natalia Castillo prometió presentar una denuncia formal ante el Tribunal de Disciplina y exigió la suspensión inmediata de la magistrada Torres.
“Esto es un delito. No voy a parar hasta que la sancionen.”
