San Luis Potosí enfrenta un escenario en el que la mayoría de su población carece de afiliación a sistemas de seguridad social, lo que ha incrementado la presión sobre los servicios públicos estatales de atención médica.
De acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el 51.6% de los habitantes en la entidad no cuenta con cobertura de instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Esto equivale a un total de un millón 456 mil 628 personas que dependen directamente de los Servicios de Salud estatales.
Este panorama se desarrolla en un contexto de limitaciones presupuestales y rezago en inversión. La entidad se ubica en el lugar 25 a nivel nacional en gasto en salud, lo que evidencia una brecha entre la demanda de atención y los recursos disponibles para cubrirla.
Para responder a esta situación, la red estatal cuenta con 184 unidades de primer nivel, 94 brigadas médicas, ocho hospitales básicos comunitarios, cuatro hospitales generales, un hospital materno infantil, una clínica psiquiátrica y un hospital de alta especialidad. A ello se suman centros especializados en atención a adicciones, salud mental y enfermedades crónicas.
De manera complementaria, el modelo IMSS-Bienestar opera en la entidad con 208 unidades médicas rurales, 22 brigadas de salud, nueve unidades móviles, seis hospitales rurales y cinco centros de atención obstétrica, con el objetivo de ampliar la cobertura en zonas de difícil acceso. No obstante, persisten desafíos relacionados con la capacidad operativa y la suficiencia de recursos frente al volumen de pacientes.
La combinación de alta demanda y limitaciones estructurales mantiene como uno de los principales retos del sistema de salud en San Luis Potosí el garantizar atención oportuna y de calidad para la población sin seguridad social.
