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Fiscal Manuela García desconoce cifra real de feminicidios en SLP

La FGE reporta cuatro feminicidios en 2025, mientras que cifras del SESNSP registran cinco casos y 169 homicidios dolosos de mujeres, evidenciando discrepancias oficiales y la persistencia de la violencia de género en la entidad.
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Piden diputadas mayor coordinación con Fiscalía ante subregistro de abuso infantil en SLP

Subrayaron la importancia de acudir directamente con las organizaciones que trabajan con víctimas para conocer la dimensión real del problema y definir medidas de apoyo.

Diputadas locales plantearon la urgencia de que la Fiscalía General del Estado colabore de manera directa con las organizaciones civiles que atienden casos de abuso sexual infantil, ante la discrepancia entre los reportes ciudadanos y las cifras oficiales. La solicitud surgió luego de que la fiscal Manuela García Cazares asegurara que no existe un incremento en estos delitos, contrario a lo documentado por agrupaciones especializadas.

Mireya Vancini Villanueva, presidenta de la comisión legislativa en materia de niñez, advirtió que la falta de registros precisos podría estar relacionada con la negativa de muchas familias a denunciar por vergüenza o por la ausencia de mecanismos adecuados de reporte. Recordó que, desde su experiencia en gobiernos municipales, el abuso y maltrato infantil es recurrente y ha mostrado un crecimiento constante. Añadió que no es suficiente recibir a un menor en la Fiscalía y enviarlo de regreso a su hogar, pues estos hechos dejan secuelas psicológicas profundas y pueden perpetuar ciclos de violencia.

La legisladora también recalcó la necesidad de fortalecer a los sistemas DIF municipales para que actúen de manera más activa en la protección de niñas, niños y adolescentes, y anunció que la comisión revisará por qué muchos casos no llegan a formalizarse como denuncias.

Jessica Gabriela López Torres coincidió en la urgencia de contar con datos coordinados entre autoridades y sociedad civil. Consideró “muy lamentable” que no existan registros integrados en un tema de alto impacto social. Explicó que el Congreso podría emitir un exhorto público para solicitar a la Fiscalía una colaboración formal con las asociaciones, así como contrastar sus cifras con las oficiales y las generadas por el INEGI. Señaló que, por ahora, no existe citatorio para que la Fiscalía comparezca, aunque estos cuestionamientos podrán abordarse en cuanto se programe la reunión.

Ambas diputadas subrayaron la importancia de acudir directamente con las organizaciones que trabajan con víctimas para conocer la dimensión real del problema y definir medidas de apoyo. López Torres recordó que, pese a exhortos recientes —como el relacionado con niñas y niños que piden dinero en cruceros—, persisten problemáticas como la mendicidad infantil y la falta de políticas públicas efectivas. Afirmó que el DIF debe rebasar la entrega de apoyos y asegurar que las infancias accedan a espacios educativos o entornos seguros.

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