La atención a madres buscadoras en San Luis Potosí ha registrado un retroceso, así como la consolidación de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, cuya creación sigue detenida por falta de presupuesto. La presidenta de la Comisión Segunda de Justicia del Congreso del Estado, Gabriela López Torres, reconoció la situación tras la denuncia del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros SLP.
El colectivo señaló que el personal del Centro Estatal de Identificación Forense y de Búsqueda (CEIFB) enfrenta riesgos de despido desde la llegada del nuevo comisionado, Israel Mendoza Espinosa. Esta situación pone en peligro la continuidad de un equipo especializado en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas.
En entrevista, López Torres explicó que solicitó información a la Comisión Primera de Justicia, presidida por la diputada Leticia Vázquez Hernández, sobre las gestiones ante la Secretaría de Finanzas para asignar recursos a la nueva fiscalía. La legisladora subrayó que es fundamental contar con un presupuesto concreto y no limitarse a un simple cambio de nombre para la institución.
La diputada admitió que persisten rezagos en el cumplimiento de la Ley General en Materia de Desaparición de Personas, problemas heredados de legislaturas anteriores, y enfatizó la necesidad de fortalecer los equipos de búsqueda. Señaló que no deben limitarse únicamente a criminólogos, sino incorporar especialistas como antropólogos para el levantamiento e identificación de restos.
“La verdad es que hemos tenido mucho retroceso respecto de las madres buscadoras”, reconoció López Torres, evidenciando la urgencia de atención y recursos para estos procesos que impactan directamente en familias afectadas por desapariciones.
