El colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros interpuso un amparo contra el Congreso del Estado de San Luis Potosí por su incumplimiento en la creación de una Fiscalía Especializada en Desapariciones, una obligación establecida en la Ley General desde 2017 y que, ocho años después, sigue sin concretarse.
La presidenta del colectivo, Edith Pérez Rodríguez, acusó a los diputados de una “omisión criminal” que calificó como violencia institucional, pues mientras el Estado evade su responsabilidad, las familias siguen enfrentando dolor, incertidumbre e impunidad. Recordó además que San Luis Potosí forma parte de los seis estados rezagados en este tema.
El señalamiento se extendió al Ejecutivo estatal, al que las familias responsabilizan de frenar la creación de la fiscalía desde Palacio de Gobierno, limitándose a simular diálogo.
Incluso la fiscal general, María Manuela García, ha justificado la falta de avances bajo el argumento de que no existen recursos, pese a que la ley obliga a asignarlos.
El colectivo reprochó que, aun cuando el plazo federal del 15 de septiembre de 2025 ordenaba a los congresos locales armonizar su legislación, el Congreso potosino decidió ignorarlo. Ante ello, Pérez Rodríguez advirtió que, si los legisladores no cumplen por voluntad, deberán hacerlo por mandato judicial, pues las desapariciones “no admiten excusas”.
