Luego de más de 24 horas de protestas, bloqueos viales y acciones de presión en distintos puntos de la capital potosina, el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros alcanzó un acuerdo con la Secretaría General de Gobierno para abrir una mesa de trabajo con la Fiscalía General del Estado (FGE), tras la destitución de la titular de la Unidad para la Atención de Personas Desaparecidas, Luz María Montes Mariano.
El secretario general de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, se comprometió a que, a más tardar el próximo jueves, se notificará formalmente la fecha de una reunión con la fiscal general, María Manuela García Cazares, quien no atendió a las familias durante toda la jornada de manifestaciones. El acuerdo incluye trazar una ruta de atención no solo sobre la remoción de la funcionaria, sino sobre las múltiples carencias que enfrenta la Unidad de Desaparecidos.
Las integrantes del colectivo advirtieron que, si el compromiso no se cumple en el plazo establecido, retomarán las protestas el lunes siguiente, incluyendo nuevos bloqueos en vialidades estratégicas como la carretera 57. Las familias señalaron que recurrieron a estas acciones tras agotar durante días los intentos de diálogo con autoridades estatales y de la Fiscalía, sin obtener respuesta.
La destitución de Montes Mariano, quien encabezó la Unidad desde su creación hace ocho años, detonó la movilización. De acuerdo con Voz y Dignidad, se trata de la funcionaria con mayor experiencia y capacitación en materia de desaparición de personas dentro de la FGE, además de haber conformado un equipo especializado pese a la falta de recursos. Las familias acusan que, desde hace más de dos años, la Fiscalía ha mantenido a la Unidad sin presupuesto suficiente, sin autonomía operativa y con personal en condiciones precarias, lo que ha obstaculizado la búsqueda, investigación y judicialización de los casos.
La protesta inició el 2 de febrero con la toma de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos y continuó el día siguiente con diversas acciones públicas. Uno de los momentos más visibles ocurrió durante un evento empresarial organizado por Concanaco Servytur en el Centro de Convenciones, donde integrantes del colectivo ingresaron para exponer, ante empresarios y medios, la crisis que enfrentan las familias buscadoras en San Luis Potosí. Ahí denunciaron la falta de insumos, la inseguridad durante las búsquedas en campo y la indiferencia institucional frente a la magnitud del problema.
Al no concretarse el diálogo prometido con la fiscal general, las familias bloquearon la vialidad de Sierra Leona, pese a los reclamos e insultos de algunos automovilistas. La tensión aumentó cuando funcionarios estatales argumentaron que García Cazares se encontraba enferma y no podía acudir, versión que rechazó el colectivo, que consideró el silencio oficial como una falta de respeto y sensibilidad hacia las víctimas.
Horas más tarde, y tras una jornada marcada por el cansancio, el riesgo físico y la frustración, representantes del colectivo aceptaron la intervención directa del secretario general de Gobierno para establecer el compromiso de diálogo. Las familias insistieron en que su exigencia central es que las decisiones que afectan la búsqueda de personas desaparecidas no se tomen sin su participación.
Voz y Dignidad por los Nuestros reiteró que su lucha no se limita a la restitución de una funcionaria, sino a garantizar condiciones reales para la operación de la Unidad de Desaparecidos: autonomía, recursos materiales, humanos y presupuestales, respeto a los derechos laborales del personal y, sobre todo, el derecho de las personas desaparecidas a que las busquen de manera efectiva. “Sin las familias, no”, advirtió el colectivo, que mantiene la exigencia de ser escuchado y tomado en cuenta por las autoridades estatales.
