Se convocó este martes a sesión extraordinaria al Consejo Directivo Universitario (CDU) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) para aprobar la convocatoria y el procedimiento que permitirá designar a quien concluirá el periodo 2024–2028 al frente de la Facultad de Derecho “Abogado Ponciano Arriaga Leija”.
La Universidad aclaró que la designación reciente no corresponde a un director interino, sino a un suplente temporal que garantizará la continuidad administrativa mientras se desarrolla el proceso formal de elección. El Consejo Técnico Consultivo (CTC) de Derecho, explicó la institución, sesionó conforme al artículo 85 del Estatuto Orgánico y designó a Jesús Javier Delgado Sam como suplente, cuya propuesta se turnó a Rectoría para su validación. Esta figura podrá ejercer funciones por un máximo de dos meses, periodo en el que deberá emitirse y realizarse la votación definitiva.
La UASLP precisó además que el rector no nombra a las y los directores de facultades, sino que su papel en este caso se limitó a instruir a la secretaria general del plantel para convocar al CTC, con el fin de elegir de entre sus miembros a la persona suplente.
Pese a ello, la decisión generó rechazo entre un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho, quienes acusaron que la sesión se realizó “en secreto” en la Unidad de Posgrados y que con ello se busca “mantener el control político de la Facultad”. El grupo, a quien se le identifica como firmante del pliego petitorio de Derecho, señaló que no reconocerá ninguna designación que surja de procedimientos opacos y reiteró su exigencia de que la dirección la ocupe una mujer con perspectiva de género y derechos humanos.
En paralelo, la Universidad publicó el documento Análisis consolidado de pliegos petitorios estudiantiles, resultado de la revisión de las demandas entregadas por 12 facultades en paro. El texto, de seis páginas, sistematiza los temas más recurrentes, entre ellos la prevención y atención de la violencia de género, la seguridad universitaria, la transparencia institucional y la mejora de la infraestructura académica.
Entre las propuestas planteadas destacan la creación de un Registro Único de Casos y Sanciones, capacitaciones semestrales obligatorias en derechos humanos y género, y la elaboración de un Plan Integral de Seguridad Universitaria con acciones de alumbrado, señalización y protocolos de emergencia.
Posteriormente, la UASLP emitió un nuevo comunicado en el que aseguró que no habrá sanciones ni represalias contra estudiantes, docentes o personal que participe en el movimiento. La institución afirmó su respeto a los derechos humanos y universitarios, así como al ejercicio de la libre expresión y la manifestación pacífica, y subrayó que se mantiene activo el Protocolo Universitario de Crisis e Intervención en Protestas.
Los paros continúan de manera parcial o total, mientras las comunidades universitarias esperan respuestas específicas a sus demandas y el avance en los compromisos institucionales.
