El lunes pasado, más de 500 taxistas interrumpieron la circulación en la carretera federal México–Acapulco, a la altura de la caseta La Venta, instalando tres ataúdes sobre pedestales en medio de la vialidad. Con esta protesta, que incluyó la quema de las cajas funerarias, los concesionarios demandaron un alto a la ola de homicidios en su contra y exigieron la renuncia de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
En los féretros, se leían consignas dirigidas a la mandataria: “Narco gobernadora, estás acabando con todo el estado. Recuerda que el pueblo te puso y el pueblo exige que renuncies”; “Eres un mal para nuestro estado… ten un poco de dignidad y renuncia” y “No dejas mostrar la realidad, le pagas a todos los medios locales”. Los choferes acusaron también al Mayor de Infantería del Ejército, Carlos Arturo Aguilar Reyes, de recibir “maletas de dólares” para proteger rutas de narcotráfico que favorecen al presunto líder criminal “El Ruso”.
La protesta surge tras el registro de 25 asesinatos de taxistas en lo que va de 2025, según datos recabados por el gremio. Tan solo el fin de semana anterior fueron ultimados dos conductores durante su jornada laboral en el bulevar Vicente Guerrero y la avenida Cuauhtémoc. Además, apareció una cabeza cercenada de un chofer sobre el cofre del taxi número 117, en la carretera federal hacia Pinotepa Nacional.
Arturo Salinas Sandoval, director general de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad de Guerrero se presentó en el punto de bloqueo para ofrecer una mesa de diálogo. Su propuesta incluyó coordinarse con la Guardia Nacional, la Defensa y la Policía Estatal para reforzar la seguridad en zonas críticas.
Muchos sitios de transporte público en Acapulco están obligados a pagar cuotas de “protección” a grupos como el Cártel Independiente de Acapulco (CIDA), Los Rusos o el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
